De acuerdo con el reporte, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) atendieron a los 26 policías que presentaban heridas por esquirlas de petardos y cohetones, en su mayoría en las piernas, los brazos y los glúteos; todos fueron trasladados en siete ambulancias a distintos hospitales para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con las autoridades, luego de realizar su "expresión pública", los manifestantes se retiraron del lugar.

Un grupo de activistas, entre ellos algunos padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, instalaron a finales de abril un campamento frente a Palacio Nacional en protesta por la falta de resultados en las investigaciones sobre la desaparición de los estudiantes y por la negativa del presidente Andrés Manuel López Obrador a sostener una reunión con ellos.

Las protestas se agravaron en días recientes, luego de que se diera a conocer que ocho de los 16 militares detenidos y acusados por la desaparición de los jóvenes estudiantes en septiembre de 2014 fueron favorecidos por la decisión de un juez federal que cambió la medida cautelar que les había sido dictada y les permitió llevar su proceso en libertad.

El pasado 10 de mayo, el abogado Vidulfo Rosales, representante legal de algunos de los padres de los estudiantes desaparecidos, descalificó esta medida judicial y consideró que era parte de una "farsa" que el Gobierno federal ha montado sobre el caso.

"Es preocupante, es una farsa y una denegación del acceso a la justicia para los padres y madres de los 43", dijo Rosales en una entrevista con Radio Fórmula el pasado 10 de mayo, en la que anunció que habría protestas en respuesta al fallo judicial.

"Fue una resolución parcial, sesgada, en la que la autoridad está favoreciendo a los militares", dijo el abogado de los padres de familia, quien agregó que esa resolución judicial es una "muestra del empoderamiento que el presidente ha dado al Ejército mexicano".

De acuerdo con Rosales, el presidente López Obrador no está cumpliendo con su palabra de hacer justicia y dar con el paradero de los jóvenes desaparecidos hace casi 10 años y, por el contrario, está protegiendo a los elementos del Ejército, "que ya no estuvieron dispuestos a seguir en el banquillo de los acusados".

A finales de abril, los estudiantes de la normal de Ayotzinapa instalaron un campamento en el zócalo de la Ciudad de México, frente a Palacio Nacional, sede del Ejecutivo federal, para esperar una respuesta formal de la presidencia sobre la fecha de una eventual reunión entre los padres y madres de los jóvenes desaparecidos y el mandatario federal.

"Hay mucho enojo y desesperación en las mamás y papás porque nada saben de las investigaciones y mucho menos de los hallazgos en las búsquedas en campo", señaló hace unos días la organización de defensa de los derechos Humanos Tlachinollan, que asiste legalmente a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos.

De acuerdo con la organización, hay datos de prueba que establecen que el Ejército estuvo vinculado con el grupo delictivo Guerreros Unidos, cuyos jefes daban dinero a comandantes, tenientes y coroneles del 27 Batallón de infantería, además de que tenían reuniones, mientras que el Ejército facilitaba el trasiego de droga de la sierra de Guerrero por Iguala y hasta la zona norte del Estado de México.

Hasta hoy, 16 militares han sido detenidos y procesados por la desaparición de los normalistas, pero la defensa de los padres y madres de los jóvenes pide que se profundicen las investigaciones sobre el papel del Ejército en el crimen y que la Secretaría de la Defensa Nacional entregue una serie de documentos que podrían ayudar en el esclarecimiento de los hechos.

Según Tlachinollan, hay un testigo que declaró en el Ministerio Público y dos veces con el juez que el 26 de septiembre 25 estudiantes fueron llevados al 27 Batallón de Infantería, donde fueron torturados, varios de ellos no resistieron los tormentos y perdieron la vida dentro del Batallón.